Conductores, taxistas y usuarios en contra del proyecto de ley Uber Costa Rica

¿Cuáles son los principales puntos del proyecto de ley Uber Costa Rica? ¿Qué opinan los conductores? ¿Qué dice la empresa Uber o BeeGo? ¿Y los taxistas?

Recientemente, conductores y taxistas de Chile llegaron, por primera vez, a un punto de encuentro, cuando ambos sectores rechazaron la última sesión celebrada en enero de este año, en el marco de la ley que busca aprobarse en el país andino.

Algo parecido ocurrió esta semana en Costa Rica. Pese a las diferencias, rivalidades y luchas que existen en casi todos los países entre taxistas y conductores de Uber, esta vez choferes de aplicaciones y taxistas del país tico se pusieron de acuerdo en algo: el proyecto de ley del Gobierno es poco serio.

A grandes rasgos (*más abajo una ampliación del contenido del proyecto), estos son los principales puntos de la iniciativa:

  • Para poder operar legalmente, las apps NO estarán sujetas a ARESEP (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ), sino que deberán registrarse ante CTP (Consejo de Transporte Público).
  • Plataformas tecnológicas estarán sujetas al IVA (13 %) e Impuesto a Remesas (8.5 %).
  • Pago de 8.300 millones para Fondo Nacional de Movilidad (18.600 salarios base)
  • Permitirá a taxistas acordar tarifa más baja con el usuario, antes de iniciar el servicio
  • Elimina de la CTP la representación de autobuseros y taxistas

Taxistas y conductores de Costa Rica rechazan proyecto de ley

César Blasco, presidente de Canacontec (Cámara Nacional De Conductores Tecnológicos) y de la app local BeeGo, así como el representante de los taxistas, Alexis Retana, fueron invitados al programa NC Once para hablar sobre el proyecto de ley que busca regular las app de transporte.

Palabras de César Blasco, vocero de conductores de aplicaciones:

«Es un adefesio, que deben haber gestionado en las últimas 48 horas. Este proyecto no sirve, absolutamente, para nada…

¿Un pago de 8.300 millones? No es serio. Esto supone cerrarle las puertas a cualquier app costarricence.

¿Meternos en el CTP? No somos transporte público. Ni queremos serlo. Somos transporte privado.

Este proyecto quiere chuparle la sangre a las plataformas y los conductores, tal como lo ha hecho con los taxistas durante un montón de años.

SÍ hay que regular, pero de otro modo. Hay que nivelar la cancha. Sí es justo que si los taxistas están pagando una serie de cosas, nosotros también lo hagamos. Pero al margen del Ministerio de Transporte Público. Las apps ofrecen transporte privado«.

Palabras de Alexis Retana, representante de los taxistas:

«Es uno de los puntos donde estamos de acuerdo con César. El proyecto es un adefesio. No viene a solucionar el tema del transporte público que los taxistas tienen hoy. Más bien, viene a empeorar la situación y a dejar en desventaja a todos los taxistas del país.

El Gobierno está haciendo una cortina de humo para que esto siga libre. Si estas plataformas no van a la ARESEP, entonces ¿quiénes van a garantizar a los usuarios de estos servicios una tarifa justa? Hemos visto cómo aumentó en diciembre hasta 8 veces la tarifa dinámica. Nosotros, los taxistas, tenemos una tarifa regulada por ARESEP.

Me asombra que el proyecto no regule para poner a choferes y taxistas en igual de condiciones. ¿Por qué, por ejemplo, los usuarios de ellos no tienen seguro? Sólo tienen los conductores, no exigen seguro para usuarios. ¿Por qué ustedes, como plataforma, no dan servicios a personas con discapacidad?»

Cabe aclarar que no todas las aplicaciones ofrecen una tarifa dinámica. Además, el propio proyecto contempla la exigencia de no discriminar y prestar el servicio a personas discapacitadas.

Pero más allá de esos detalles, podría concluirse que ambos sectores, en el fondo del asunto, están de acuerdo. Este proyecto, según los representantes de los conductores de aplicaciones y los taxistas, no soluciona nada, sino que crea nuevos problemas.

Por su parte, Consumidores de Costa Rica señalaron en un comunicado que esta iniciativa del gobierno viene a «taxificar» las plataformas de movilidad colaborativa en perjuicio del usuario y encarecer el servicio.

También cuestionaron que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hizo oídos sordos a todas las solicitudes que realizaron para entablar un diálogo.

Es decir, voceros en representación de los usuarios, de los conductores de app y de los taxistas critican que no fueron tomados en cuenta para la discusión y elaboración del proyecto.

¿Qué dice Uber sobre el proyecto de ley?

Este miércoles la empresa Uber emitió un comunicado, donde también repudian la iniciativa del Ejecutivo y asegurán que afectará a los socios conductores.

“Dado el clima de contracción económica y de falta de oportunidades laborales para los costarricenses, esta propuesta obligaría a que sólo un número limitado de personas puedan inscribirse como socios en las diversas plataformas”.

Además, la empresa indica que unas 22.000 familias que generan ganancias semanales con la plataforma verían limitadas sus oportunidades actuales.

La empresa detalló las supuestas cifras que afectarían en los ingresos de los conductores. Según sus cálculos, deberán pagar un canon anual de $35 y un cargo adicional de $200 por cada vehículo.

¿Cuándo se presentó el proyecto conocido como Ley Uber Costa Rica y qué propone?

El Poder Ejecutivo tituló la iniciativa como “Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte”.

En teoría, la intención es regular para que tanto taxistas como conductores de app puedan coexistir «de manera simultánea, en condiciones justas de competencia«, según dijo el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

El proyecto fue presentado el martes 22 de enero de 2019 por el Viceministro de la Presidencia de Asuntos Legislativos, Agustín Castro Solano, cumpliendo el plazo límite establecido por el Congreso para presentar una propuesta de regulación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Principales puntos del proyecto de ley Uber Costa Rica

  • Las EPT (Empresas de Plataforma de Transporte) como Uber o similares se declaran como «un servicio público más, no estarán sujetas a la regulación tarifaria de Aresep».
  • Deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP).
  • Deberán fomentar la seguridad de los usuarios a través de políticas y procedimientos, para así evitar el acoso sexual y la discriminación, así como garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600).
  • La prestación de servicio de transporte por medio de apps, así como las rentas o beneficios provenientes de tal actividad, son sujetos al impuesto al IVA (13%) y al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).
  • Las EPT que han operado antes de que entre en vigencia esta ley deberán pagar por su registro 18.600 salarios base (¢8.299 millones), según el salario base establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial.
  • Se crea el Fondo Nacional de Movilidad, administrado por el CTP, que se financiará a partir de: pago de derecho de inscripción en el Registro del CTP que tienen que hacer las empresas de transporte de plataformas, un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio de un conductor de EPT y las sanciones administrativas a las EPT.
  • Dicho fondo se destinará en «la modernización del transporte público» y para «para la modernización de la flota de taxis».
  • ARESEP establecerá para el caso de los taxis una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, «quedando autorizados los conductores a transar un precio menor con el usuario». Antes del inicio del servicio, se debe indicar si hubo acuerdo entre el conductor y el usuario.
  • Autoriza a la ARESEP la implementación de una aplicación tecnológica que reemplace el taxímetro tradicional por uno virtual.
  • Elimina de la Junta Directiva del CTP la representación de los autobuseros y de los taxistas.

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